Fiscal Palma aseveró que principio de ejecución por fraude al fisco en el Ejército radica en la región de Aysén

“Los delitos que se están investigando tienen principio de ejecución en esta región. Se trata de un delito de fraude al fisco que se cometió en esta zona; estamos hablando de un monto -hasta ahora- de 3 mil millones de pesos y más de 580 personas podrían estar involucradas”, explicó a la salida del Juzgado de Garantía de Coyhaique, el Fiscal Regional, Carlos Palma, luego que el tribunal se declarara competente para conocer este caso. La audiencia, presidida por la jueza Cecilia Urbina, se efectuó a petición de la propia Fiscalía ya que había dos querellados en esta causa que solicitaban su traslado a Santiago.

El equipo dirigido por el Fiscal Carlos Palma, ha efectuado diversas diligencias en dependencias del Ejército en Coyhaique y Santiago, las que incluyen toma de declaraciones, incautación de computadores y documentos, que permitan dilucidar los grados de participación de los funcionarios en este mecanismo que habría permitido utilizar millonarios fondos institucionales.

Lo anterior, a través de contratos a honorarios o pago de sueldos a personal en retiro y comisiones de servicios que no se realizaron pero donde sí hubo un pago de viático, entre otras, a modo de compensación por pérdidas económicas individuales a raíz del término del FAM o Fondo de Ayuda Mutua, un sistema informal de ayuda solidaria que operaba en Coyhaique desde 1950 y el cual fue descontinuado por el Ejército el año 2006.

 

COMPETENCIA

Respecto de la audiencia de competencia efectuada hoy, el fiscal Palma detalló que “fue solicitada por la Fiscalía porque en el transcurso de la investigación, personas que habían sido imputadas y querelladas en la causa acá en Coyhaique, habían presentado querellas en Santiago pidiendo que el tribunal de dicha ciudad se declarara competente”.

“A propósito de eso y no estando resuelto en Santiago, pedimos al tribunal que se declarara competente y que oficiara al 7º de Garantía en la región Metropolitana, para que este se declara incompetente y a sus vez, mandara los antecedentes”, añadió el persecutor penal.

Respecto de los escenarios judiciales, el Fiscal Palma añadió que ahora el 7º Juzgado de Garantía tiene dos posibilidades: aceptar de plano la incompetencia o llamar a una audiencia a todos los intervinientes en Santiago para debatir sobre este asunto. En el caso de que el 7º Juzgado de Garantía de Santiago estime que es competente para conocer los hechos, se traba una contienda de competencia que deberá ser resuelta por la Ilustrísima Corte de Apelaciones.

 

DILIGENCIAS

“Nosotros no estamos investigando el Fondo de Ayuda Mutua, estamos investigando el fraude al fisco que se genera luego que el FAM no tuvo fondos para repartir a sus usuarios, beneficiarios. El fraude se genera mucho después y no es una instancia del fondo que se disolvió”, dijo el Fiscal Regional.

Las diligencias de investigación de este caso fueron solicitadas por el Fiscal Regional, Carlos Palma, a la Brigada de Delitos Funcionarios de la PDI. La investigación se inició en el mes de marzo de este año en Coyhaique tras una presentación efectuada por la Contraloría Regional de Aysén ante el Ministerio Público. Las penas para el delito de fraude del Fisco, dependiendo los montos y reiteración en los hechos, oscilan entre los 541 días de presidio a penas de crimen, es decir superiores a los 5 años y un día de cárcel.

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